En los últimos años, México ha experimentado un aumento significativo en el número de personas refugiadas que buscan protección dentro de sus fronteras.
Este fenómeno ha puesto en evidencia las limitaciones y deficiencias de la política migratoria mexicana, sobre todo a raíz de la presión ejercida por Estados Unidos para que México actúe, en los hechos, como un tercer país seguro, lo que implica que asuma una mayor responsabilidad en la gestión de los flujos migratorios y el procesamiento de solicitudes de asilo.
A pesar de contar con una de las legislaciones más avanzadas en la región para la protección de personas refugiadas, los resultados de la reciente Encuesta sobre la Movilidad Humana realizada por ACNUR revelan importantes lagunas en la percepción pública y los desafíos que enfrenta la población refugiada en México.
Un hecho que debe subrayarse es que el número de personas solicitantes de refugio ha crecido de manera exponencial en la última década. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), tan solo en 2023 se registraron más de 130 mil solicitudes de refugio, una cifra que subraya la magnitud del desafío que enfrenta el país.
Las personas refugiadas provienen principalmente de naciones como Honduras, El Salvador, Venezuela, Haití y Cuba, quienes en su mayoría salen de sus países escapando de situaciones de violencia, persecución política, inseguridad y pobreza extrema. En ese contexto, a pesar de la creciente cantidad de personas que requieren protección internacional, la política migratoria mexicana ha mostrado claras deficiencias para atender de manera adecuada estas solicitudes, pues no está actuando con base en los principios convencionales que nos rigen en esa materia.
La encuesta “¿Qué piensa la población mexicana sobre la movilidad humana?”, llevada a cabo por ACNUR en 2023, revela una desconexión entre la percepción pública y la realidad que viven las personas refugiadas. Uno de los hallazgos indica que 85% de los encuestados cree que las personas en situación de movilidad salen de sus países principalmente por razones económicas, mientras que un 10% lo atribuye a la violencia, la inseguridad o amenazas, que son las causas principales según informes de ACNUR.
Esta diferencia muestra un claro desconocimiento de las causas de la migración forzada y puede generar prejuicios hacia las personas refugiadas, limitando su integración en las comunidades mexicanas (ACNUR, 2024). Además, el 45% de los encuestados no distingue apropiadamente la diferencia que existe entre personas migrantes y refugiadas, lo que genera confusión en cuanto a los derechos y la protección que debe brindar el Estado mexicano a las personas refugiadas. Esto contribuye a una visión simplificada y, en muchos casos, negativa de quienes buscan asilo. Al no conocer la diferencia entre un migrante económico y un refugiado, que huye mayoritariamente de situaciones de persecución, se erosiona la empatía hacia estas personas y se fomentan estereotipos perjudiciales.
La condición que ha tenido México de fungir como un tercer país seguro, implementada bajo la presión de Estados Unidos, ha obligado al país a asumir un papel mucho más activo en la gestión de flujos migratorios, sin que se hayan proporcionado los recursos o la infraestructura necesaria para manejar este aumento de personas en el territorio nacional, lo que ha llevado a que muchos municipios vivan situaciones de enorme presión política y económica; y otros más que se encuentran al borde del colapso.
De esta forma, a pesar de que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece mecanismos para la protección de personas en búsqueda de refugio, en la práctica, las condiciones en las que viven muchas personas refugiadas en México son precarias.
Por otro lado, la insuficiencia de personal especializado en la COMAR, el colapso en los procesos de solicitud de refugio, y la ausencia de programas efectivos de integración agravan la situación. Muchos solicitantes de refugio se ven obligados a vivir en condiciones de pobreza extrema mientras esperan una resolución a su situación legal, lo que los hace vulnerables a la explotación laboral, la discriminación y, en algunos casos, la violencia.
La encuesta de ACNUR también revela un alto grado de prejuicios y percepciones negativas hacia las personas refugiadas en México. Por ejemplo, 52% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que la presencia de personas refugiadas y migrantes aumenta la delincuencia, y un 48% cree que rechazan las costumbres del lugar al que llegan. Estos prejuicios no solo crean un ambiente hostil para las personas refugiadas, sino que también dificultan su integración en las comunidades locales.
A pesar de estas percepciones negativas, la encuesta también mostró condiciones para la construcción de lazos culturales con las personas refugiadas: 80% de los encuestados dijo estar dispuesto a participar en actividades que fomenten la coexistencia pacífica. Este dato es una señal de que, con una mayor educación y sensibilización, es posible cambiar las actitudes hacia las personas en movilidad y promover una inclusión más efectiva.
La información que ha generado el ACNUR subraya que uno de los mayores retos para la inclusión de personas refugiadas en México es el desconocimiento generalizado sobre sus derechos y la falta de programas efectivos de integración.
Ante ello, la xenofobia y el racismo se han exacerbado en ciertas regiones, y esto puede atribuirse en parte a la falta de políticas públicas que promuevan la convivencia pacífica y contrarresten los estereotipos.
Por otro lado, el mercado laboral también plantea barreras significativas. Según la encuesta, un 34% de los encuestados cree que solo se debe dar empleo a personas refugiadas con altos niveles de educación y capital económico, lo que indica una resistencia a permitir que las personas refugiadas accedan a trabajos dignos, independientemente de su nivel educativo.
Es un hecho que la situación que viven las personas refugiadas en México es compleja y está marcada tanto por las deficiencias en la política migratoria como por los prejuicios sociales que dificultan su integración. A pesar de contar con un marco legal robusto, la implementación de políticas efectivas sigue siendo insuficiente.
Si bien existen esfuerzos para sensibilizar a la población y mejorar la percepción pública, es necesario un enfoque más integral que incluya tanto la mejora en los procesos de asilo como la promoción de programas de integración que eliminen barreras y promuevan una convivencia armónica. Solo de esta manera será posible garantizar que las personas refugiadas puedan reconstruir sus vidas en un entorno seguro y respetuoso en México.
Investigador del PUED-UNAM
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