Las Relatorías Especiales de la ONU sobre el Derecho a la Privacidad y sobre la promoción y protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconsiderar la determinación de eliminar el Instinto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que la supresión de este organismo debilitaría la privacidad de las personas y nulificaría el derecho a la transparencia para poder democratización los poderes públicos.
A través de una carta enviada al gobierno mexicano, las relatoras de Derecho a la Privacidad, Ana Brian Nougrères, y de Protección a Derecho a la Libertad de Expresión, Irene Khan advirtieron que la iniciativa de ley para desaparecer al INAI y trasladar sus competencias a la Secretaría de la Función Pública, próximamente Secretaría Anticorrupción, no contempla mecanismos integrales para la rendición de cuentas.
Incluso, se advierte que la supresión del INAI “podría debilitar la rendición de cuentas y la posibilidad de participar activamente en la vida pública que la creación de esta entidad perseguía”:
Por estos motivos, instamos al Gobierno a reconsiderar la decisión de eliminar el INAI y las medidas conducentes a dicha supresión, así como a explorar mecanismos alternativos comprehensivos y transversales para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la privacidad de la ciudadanía.
Además, en el documento se advierte que la iniciativa presidencial también contempla la desaparición de los órganos estatales y de otros poderes en materia de transparencia, ya que se modifica el artículo 116 de la Constitución mexicana para establecer que la competencia en materia de acceso a la información y protección de datos personales será ejercida por las contralorías estatales y sus equivalentes “en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y demás sujetos obligados”.
Competencias a la deriva
Respecto del ámbito federal, la ONU advierte que la iniciativa no es explícita respecto de dónde van a recaer todas las competencias del INAI, ya que se limita “a establecer en el artículo 6º, sección A, fracción VIII, reformada, que las leyes en la materia determinaran las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos [los de acceso a la información y protección de datos personales] y las competencias de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer los procedimientos de revisión contra actos de los sujetos obligados”.
Por todo lo anterior, en la carta enviada al gobierno mexicano le ofrecen “cualquier tipo de asistencia técnica” que pueda necesitar para no socavar los derechos humanos y la privacidad de las personas, al tiempo que le piden clarificar las inconsistencias e incongruencias de la reforma que contempla la desaparición de INAI.
Sobre dichas afectaciones, las relatoras de la ONU advierten que resulta “especialmente preocupantes”, ya que es notable la contribución internacional que ha tenido el INAI en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales, por lo que destacan el papel fundamental que ha tenido en México.
A través de su actividad desde el 2002, el Instituto ha empoderado a la ciudadanía mexicana para que conozca cómo controlar su información personal en una era en la que las tecnologías disruptivas rodean toda nuestra actividad humana.
Además, destacan que la autonomía actual del INAI “es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, garantizar la aplicación efectiva de las leyes de protección de datos, y para el liderazgo continuo de México en la protección de datos en el escenario global”.
Finalmente, en el documento se solicita al gobierno mexicano mayor información sobre la reforma que contempla la desaparición del INAI y se plantean cuatro interrogantes sobre la protección de los datos personales, la transparencia y la distribución de todas las competencias que tiene ese organismo autónomo, algunas de las cuales no se contemplan en la reforma analizada por la Cámara de Diputados.
